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La presentación electónica de ofertas en los procedimientos de licitación

30. marzo 2016

Los medios de información y comunicación electrónicos serán el método estándar de comunicación e intercambio de información

 

  Autor: Letrados Barcelona

Puntos Destacados: 

  • La nueva Directiva 2014/24 UE sobre contratación pública parte del principio que los medios de información y comunicación electrónicos pueden simplificar enormemente la publicación de los contratos y aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación.
  • Los medios de información y comunicación electrónicos deben convertirse en el método estándar de comunicación e intercambio de información, ya que hacen aumentar considerablemente las posibilidades de los operadores económicos de participar en estos procedimientos, debiéndose hacer obligatoria la transmisión de anuncios en formato electrónico, la puesta a disposición del público por medios electrónicos de los pliegos de la contratación y —tras un período transitorio— una comunicación totalmente electrónica en todas las fases del procedimiento, en particular, la presentación (electrónica) de las ofertas.

Los poderes adjudicadores deben utilizar, salvo en determinadas situaciones específicas, medios de comunicación electrónicos que deben ser no discriminatorios, estar disponibles de forma general y ser interoperables con los productos de las TIC de uso general, y no deben restringir el acceso de los operadores económicos al procedimiento de licitación, si bien se exime de esta obligación en determinados supuestos tasados por la directiva, por motivos técnicos, etc.

El artículo 90 de la Directiva, relativo a su transposición y establecimiento de disposiciones transitorias, fija un período transitorio para hacer efectivas estas obligaciones, determinando que los Estados miembros podrán aplazar más allá del 18 de abril de 2016, la aplicación del artículo 22, apartado 1 (relativo, entre otros a la presentación electrónica de ofertas), hasta el 18 de octubre de 2018, excepto cuando el uso de medios electrónicos sea obligatorio en virtud de los artículos 34 (Sistemas dinámicos de adquisición), artículo 35 (Subastas electrónicas), artículo 36 (Catálogos electrónicos) y artículo 37 (Actividades de compra centralizada y centrales de compras) apartado 3, el artículo 51, apartado 2 (Redacción y modalidades de publicación de los anuncios), o el artículo 53 (Disponibilidad electrónica de la documentación de la contratación) y hasta el 18 de abril de 2017 en lo que respecta a las centrales de compra contempladas en el artículo 35, apartado 4.

Por el contrario, el Anteproyecto elaborado por el legislador español, parece no acogerse a esta posibilidad y no prevé ningún tipo de moratoria, optando pues, por la aplicación directa de la obligación de presentar las ofertas por vía electrónica, si bien, sí que, proponiendo un importante régimen de excepciones recogido en los puntos 3 y 4 de su Disposición Adicional 15ª, de acurdo, huelga decir, con la propia Directiva:
  • Cuando, debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles.
  • Cuando las aplicaciones que soportan formatos de archivo adecuados para la descripción de las ofertas utilizan formatos de archivo que no pueden ser procesados por otros programas abiertos o generalmente disponibles o están sujetas a un régimen de licencias de uso privativo y el órgano de contratación no pueda ofrecerlas para su descarga o utilización a distancia.
  • Cuando la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no disponen generalmente los órganos de contratación.
  • Cuando los pliegos de la contratación requieran la presentación de modelos físicos o a escala que no pueden ser transmitidos utilizando medios electrónicos.
  • Por motivos de seguridad de los antedichos medios electrónicos o para proteger información especialmente delicada que requiera un nivel tan alto de protección que no se pueda garantizar adecuadamente utilizando dispositivos y herramientas electrónicos de los que disponen en general los operadores económicos o de los que se pueda disponer a través de otros medios de acceso alternativos.
El software/plataformas para llevar a cabo licitaciones públicas por medios electrónicos y por la tanto para la recepción de ofertas predeterminadas por la propia Administración actuante, podríamos decir que se trata de software diseñado a medida para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Las características técnicas de este tipo de herramientas se definen en las normas de aplicación bajo el principio de estar disponibles de forma general y ser interoperables con los productos de las TIC de uso general, no pudiendo ser discriminatorios o restrictivos del acceso de los operadores económicos al procedimiento de licitación: En cualquier caso destacamos la DA15ª del Anteproyecto relativa a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley que se corresponde con el artículo 22 y considerandos (52) a (58) DN y artículos 29,33 y 34 DC, la DA16ª del Anteproyecto relativa al uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley que se corresponde con el artículo 22 y considerandos (55) a (58) DN y artículos 29, 33 y 34 DC y finalmente la DA 17ª relativa a los requisitos específicos relativos a las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de documentos que se corresponde con el anexo IV DN.

El nuevo Anteproyecto de Ley fija el umbral económico para poder realizar contratos menores (es decir contratación directa sin necesidad de licitación) en 50.000€ para los contratos de obras y en 18.000€ para los contratos de suministros y servicios (Art. 118 del Anteproyecto). En consecuencia, en las adjudicaciones de contratos de valor inferior a las cuantías reseñadas en el apartado anterior no será necesario llevar a cabo ninguna licitación, publicidad etc. A partir de estas cuantías se debería seguir el procedimiento de licitación que corresponda debiéndose tramitar por vía electrónica.

Otra cosa muy distinta, y difícil de concretar, será la determinación, des de la perspectiva temporal, de cuándo será exigible esta obligación. De momento la Directiva fija las moratorias antes indicadas hasta el 18 de octubre de 2018, excepto para los sistemas dinámicos de adquisición, subastas electrónicas, catálogos electrónicos, actividades de compra centralizada y centrales de compras redacción y modalidades de publicación de los anuncios y disponibilidad electrónica de la documentación de la contratación, y hasta el 18 de abril de 2017 en lo que respecta a las centrales de compra contempladas en el artículo 35, apartado 4, si bien hasta que no se apruebe definitivamente y entre en vigor la ley nacional de transposición no se podrá concretar si esta moratoria se mantiene, se reduce, o tal y como se prevé ahora ni tan si quiera se contempla.

Actualmente hay numerosas Administraciones (especialmente grandes Administraciones) que llevan a cabo licitaciones de este tipo mediante plataformas propias o plataformas diseñadas por empresas privadas, que normalmente requieren para su funcionamiento la descarga de un software en el propio ordenador, un proceso de registro, etc.

Lo cierto, pero, es que algunas de estas plataformas han generado dudas respecto al funcionamiento normal de una licitación de acuerdo con todos los requisitos exigidos por los principios que rigen la contratación pública, y que la realidad es que la inmensa mayoría de las Administraciones (especialmente medianas y pequeñas) ni están utilizando estos medios ni están preparadas para hacerlo.

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