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El acceso a la información sobre licitaciones

06. abril 2016

El acceso a la información de las licitaciones por parte de las empresas licitadoras, en las nuevas directivas de contratación.

 

  Autor: Letrados Barcelona

Puntos Destacados: 

  • Desde la perspectiva del acceso electrónico a la información relativa a las licitaciones, podemos afirmar que la situación de las empresas privadas no se verá alterada por cuanto los mecanismos de publicidad seguirán siendo los mismos que se venían aplicando hasta el momento.
     
  • El acceso a esta información de carácter libre y gratuito, se ve incluso reforzada con nuevas obligaciones para la Administración derivadas de la supresión de la posibilidad de acudir al procedimiento negociado sin publicidad (por razón de la cuantía o de la previsión del anuncio previo con carácter preceptivo en algunos supuestos)

La Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete de Directivas en materia de contratación (Directivas 2014/23, 24 y 25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre adjudicación de contratos de concesión; sobre contratación pública; y sobre contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales), el plazo para la transposición de las cuales mediante Ley, por parte del legislador español, finaliza el próximo 18 de abril de 2016.

Sin embargo, las tareas de transposición se han quedado en un simple Anteproyecto y actualmente se encuentran suspendidas como consecuencia de la situación de bloqueo político que vive el país. En cualquier caso, el anteproyecto puede ser consultado en la página web oficial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, si bien debe ser advertido que, en el proceso de aprobación de la Ley, el Anteproyecto pude ser modificado.

A falta de la correspondiente transposición la cuestión de la entrada en vigor de la Directiva será controvertida. En principio y de acuerdo con la doctrina del TJUE sólo aquellas disposiciones de la Directiva que sean suficientemente claras y precisas y que establezcan una obligación no sujeta a excepción o condición, podrán ser aplicadas directamente sin necesidad de transposición y en todo caso sólo con efecto “vertical”, es decir la aplicación directa de la Directivas sólo puede plantearse entre Estados miembros y particulares, pero no entre particulares (efecto horizontal).

En este sentido podemos afirmar que se abre un periodo de cierta inseguridad donde la posibilidad de emitir conclusiones jurídicas dotadas de seguridad jurídica plena se antoja como mínimo complicada. Si perjuicio de lo anterior, debemos recordar que, en todo caso, sí que puede ser afirmado que, a partir del 18 de abril de 2016, deberá realizarse la interpretación del derecho nacional vigente con la Directivas citadas.

(Como ejemple adjuntamos la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado aprobado en la sesión de su Comisión permanente de 15 de marzo de 2016, de la que se infiere que la Directiva sólo será aplicable respecto a los Contratos armonizados, o el informe emitido por la Junta Consultiva de Aragón que por el contrario se inclina por una posición más extensiva en cuanto al efecto directo de la Directiva).

Desde la perspectiva del acceso a la información electrónica por parte de las empresas licitadoras, el vigente TRLCSP regula la publicidad en las licitaciones en sus artículos 141 y 142, determinándose 1) que en los contratos sujetos a regulación armonizada (obras de valor estimado igual o superior a 5.225.000 euros y servicios o subministro de valor estimado igual o superior a 750.000 euros) los órganos de contratación pueden publicar un anuncio informativo previo en el DOUE y en el perfil de contratante y 2) que en los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 177, deben anunciarse en el BOE pudiéndose substituir este anuncio cuando se tratase de contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades de derecho público dependientes de las mismas, mediante publicaciones en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales, sin perjuicio que cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación deberá publicarse, además, en el DOUE, sin que en este caso la publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda sustituir a la que debe hacerse en el BOE, y sin perjuicio de la necesidad de publicar en todos estos casos también el correspondiente anuncio en el perfil de contratante de la Administración actuante.

De este régimen de publicidad quedan excluidos los contratos que se liciten por el procedimiento negociado sin publicidad en aquellos supuestos tasados en que se pueda acudir a este tipo de procedimiento (entre otros, por razón de la cuantía, cuando se tratara de obras cuyo valor estimado sea superior a 200.000€, y el resto de contratos cuyo valor estimado sea superior a 60.000€), así como los contratos menores de cuantía inferior a 18.000€.

La publicidad de la documentación relativa a las licitaciones en todos aquellos procedimientos que exigen que la licitación sea pública se articula pues a partir de 1) la publicidad en los diarios oficiales y 2) en los aplicativos webs denominados “perfil de contratante”. El acceso a estas publicaciones es libre y gratuito no requiere de ningún coste ni de ningún tipo de registro previo.

Podemos afirmar que en relación con la accesibilidad electrónica de los documentos de las distintas licitaciones que promuevan las Administraciones Públicas, la nueva Ley no introduce novedades sustanciales respecto a la legislación vigente, más allá de reforzar las obligaciones relacionadas con esta materia en algunos aspectos.
Des de la perspectiva de la obligación de publicitar las licitaciones la nueva Directiva 2014/24 y el Anteproyecto, mantienen las obligaciones en materia de publicidad activa de las licitaciones e introducen algunas novedades como el carácter preceptivo del anuncio previo informativo en algunos supuestos, así como la consagración del derecho al acceso por vía electrónica de pliegos i anuncios.

Por otra parte, el Anteproyecto, en el mismo sentido que la citada Directiva, también consagra el derecho al acceso libre y gratuito a esta información.

Finalmente el Anteproyecto, a diferencia del TRLCSP, no recoge, en coherencia con el artículo 32 de la Directiva y de sus principios generales, la posibilidad de acudir al procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, con lo que se reducirá de manera sustancial la posibilidad de eludir las obligaciones de publicidad de las licitaciones antes especificadas, en la medida que la contratación mediante este tipo de procedimiento por razón de la cuantía, se utiliza frecuentemente por parte de las Administraciones. El nuevo Anteproyecto de Ley fija el umbral económico para poder realizar contratos menores (es decir contratación directa sin necesidad de licitación) en 50.000€ para los contratos de obras y en 18.000€ para los contratos de suministros y servicios (Art. 118 del Anteproyecto). Las únicas restricciones que pueden aplicarse en relación a este libre acceso, también son las mismas que se venían aplicando hasta ahora i que venían recogidas en el TRLCSP y normativa concordante, relativas a la protección de datos de carácter personal, protección de la propiedad intelectual, secreto, seguridad, etc. huelga decir, de utilización poco habitual.

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